Terapia Intensiva

Hay un segmento en el noticiero de televisión del canal 2 que no  tiene nada de chistoso, pero que pretende serlo: terapia intensiva.

Ni es intenso ni es terapia.  Pero el título me sirve de pretexto para estas líneas. Recién apareció un libro que sintetiza de manera por demás clara en qué consiste la participación ciudadana. El autor, Ulrich Richter Morales, toca diversos aspectos del momento político que vivimos.  En una de sus partes nos dice que el país se encuentra en terapia intensiva, y que el cuerpo médico que lo debe atender se encuentra discutiendo al lado del quirófano, mientras el enfermo- México- se está desangrando; los enfermeros somos los ciudadanos que les gritamos a los doctores el grado de peligro del enfermo, pero los médicos no parecen responder. Los ciudadanos, en efecto, en algunos lugares gritamos, apelamos a los doctores, pero éstos siguen discutiendo. Por eso necesitamos algo más que gritar: una cultura cívica que involucre a todos los sectores en una acción que bien podría denominarse cruzada cívica de la ciudadanía.  Ulrich dice que la formación de ciudadanía es muy simple: actuar, participar, exigir a los funcionarios públicos rendir cuentas, asociarnos, formar grupos u organizaciones ciudadanas, denunciar las arbitrariedades e ilegalidades, etcétera. Esa cruzada empieza desde la forma en que nos saludamos, que es una forma de  reconocer la existencia del otro; pasa por las palabras, que  deberían tener un sentido constructivo, por el respeto a las reglas de tránsito, por el respeto a  las reglas ambientales- no tirar basura, por ejemplo.  Algo de ello ya ocurre, e incluso podría decirse que es parte de nuestra idiosincrasia, pero no es suficiente. Hace falta implantar la materia de ciudadanía en los planes de estudio, materia que  es distinta  del civismo.

Esa materia debe enseñar el concepto de ciudadano, sus derechos y obligaciones, el origen del poder político, el significado del estado de derecho, la cultura de la legalidad, entre otros aspectos. Conociendo todos esos aspectos podremos renunciar a la imposición partidista en aspectos fundamentales que debían ser objeto de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas. Todos los partidos tienen un programa de máximos, pero ninguno puede pretender imponer esos máximos a los demás.  El secreto de la convivencia está en la renuncia a nuestras exigencias máximas, hasta hacer nuestros programas compatibles dentro de un marco de respeto a las discrepancias. Si la ciudadanía informada y organizada se expresa, habrá adquirido un poder tan o más importante que el poder político, el ideológico o el económico, y entonces sí podrá ser un contrapeso a todos ellos. Nuestro enfermo país podrá entonces salir de la sala de terapia intensiva en la que se encuentra.  Las herramientas del poder ciudadano van, pues, desde la educación en familia hasta el conocimiento de las reglas del poder y sus significados. Es una especie de viaje de lo privado a lo público que se da a partir de lo que hace el ciudadano. Como en un viaje, la ciudadanía requiere movimiento. Un ciudadano adormilado debe despertar para ejercer sus derechos, para participar real y constructivamente en la transformación de la sociedad. Partidos, ciudadanos, gobiernos y representantes. Todos caben en un jarrito sabiéndolos acomodar, pero hay que tener la intención de hacerlo para salvar al paciente de la terapia. No nos tardemos, porque se nos puede quedar en la plancha. La reforma política recién aprobada, que fue cuestionada por no incluir la reelección inmediata o la revocación de mandato, fue un avance, pero no es suficiente. Ahora hay que avanzar rápido, para evitar que se pasme en la parte reglamentaria de las candidaturas independientes, que algo habrán de servir para fortalecer el poder ciudadano.

Gobernabilidad

Mucho se ha dicho sobre la inoperancia de los Congresos, tanto el federal como el del estado. A nivel  de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ningún partido por sí solo tiene mayoría absoluta; es decir, la mitad más uno.

A nivel local, hay una mayoría absoluta (16 de 30) de la bancada del PRI con el diputado panista que se pasó a las filas del partido tricolor; sin embargo, como la ley orgánica establece que prácticamente todo debe aprobarse por 20 diputados, esa mayoría absoluta se vuelve relativa. Al no haber pues mayorías absolutas en sentido estricto, se dice que el procesamiento de las iniciativas de ley,  si no imposible, se hace  muy difícil. Hay que decir que, a pesar de esa circunstancia, en ambas cámaras se han aprobado las cuestiones esenciales, e incluso se han emitido más decretos que en otras legislaturas; lo que quiere decir que “hablando se entiende la gente”, y que el diálogo finalmente es el que resuelve muchas cosas. 

Pero la inoperancia a la que se alude al principio es porque ciertos temas se han estancado, entre ellos y principalmente: la reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma de seguridad nacional. Y ello ha conducido a que la discusión se centre en torno a la necesidad que el Ejecutivo tenga con la bancada de su partido la mayoría necesaria para que sus iniciativas prosperen. Si somos rigurosos, en realidad no han prosperado porque en la sociedad no hay consenso sobre esos temas. Si afuera del Congreso hubiera consenso, éste no tendría más que procesar en el sentido consensuado los temas que hoy son motivo de discusión.  Pero hay que echarle la culpa a alguien.  Por ejemplo, las televisoras cuestionan permanentemente al Congreso, dolidas por la reforma del 2007 que afectaron sus intereses. 

Volvamos al tema de las mayorías absolutas y cómo lograrlas cuando no se consiguen en la elección misma. Hay varias fórmulas: una es la llamada segunda vuelta, que propiciaría que si no se logra en la primera la mayoría necesaria, al sólo dejar para la segunda vuelta a dos partidos, ésta se consigue; otra es la de la cláusula de sobrerrepresentación: si un partido obtiene 42 % de la votación, pero tiene menos de 251 diputados, en automático  se le conceden los faltantes para que logre la mayoría absoluta; en el caso local, la fórmula es distinta, pero tiene el mismo sentido. Otra fórmula es la adopción de coaliciones legislativas, y no sólo electorales, que permitan impulsar una agenda de común acuerdo entre bancadas diferentes; fórmula que, sin embargo, supone un cambio de régimen político, que merece una explicación más amplia. Otra fórmula que no supone cambiar de régimen y que haría más fácil que se consiguiese la mayoría de la mitad más uno es la de reducir en 100 diputados plurinominales la integración de la Cámara de Diputados federal.

Así, con 201 de 400, se tendría mayoría más fácilmente, no en automático, porque igual el votante fracciona tanto las simpatías que aun así nadie pudiera tener ese número de curules. Esa  última propuesta la hizo Enrique Peña Nieto en el último foro que se celebró en Querétaro, organizado por la Fundación Colosio Nacional. También la han expresado otras personas y agrupaciones. Por ahí pudiera ser el camino, que además tendría la ventaja de reducir costo de operación de la representación popular. En el caso local, una primera medida sería quitar el candado de que todo se apruebe por 20 de 30, es decir, mayoría calificada, y darle su verdadero sentido a la mayoría absoluta. El debate está abierto.

Indignación

La prensa del estado no dio cabal cuenta de lo que ayer la prensa internacional y la nacional le dedicó, en no pocas páginas, a la primera protesta social, digamos mundial,  de  “los indignados”,  movimiento que inició en España pero que ahora se impulsó desde Nueva York.

Muchas ciudades del mundo poblaron sus plazas de manifestantes jóvenes que recuerdan la primavera de Praga, el mayo parisino y el 68 mexicano. Un movimiento que sabemos porque empieza, pero que desconocemos cómo va a terminar. Es la crítica popular, ya no sólo académica, a los principios del neoliberalismo que han regido los destinos de la humanidad durante los últimos años. Es muy previsible que el movimiento crezca en los próximos meses y que produzca cambios, esperemos que no violentos, en los criterios que controlan  a las políticas públicas. Algunos pensadores han incluso sugerido que haya un gobierno global democrático, aunque no es fácil suponer bajo qué normatividad. Los indignados es un nombre muy afortunado para expresar nuestras inconformidades de lo que acontece. Hay indignación general por la falta de empleo y de oportunidades: esa es la principal razón de la protesta. Pero hay otro tipo de indignaciones, como las que tenemos en México y en nuestro estado, que tienen otras particularidades y que derivan básicamente de dos fenómenos: impunidad y corrupción, casi como una característica de nuestra sociedad. 

No podemos afirmar con certeza si las tendencias globales conducirán hacia terribles desastres o si serán desviadas por los sorprendentes avances de la adaptación humana. Lo que sí parece estar claro es que nos enfrentamos a un planeta perturbado y fracturado, a una fragmentación de la sociedad, a una confusión de ideales, a un extravío del rumbo nacional, a un discurso oficial muy cansado, poco creativo, a la aparición de oportunistas que quieren medrar en la confusión.  El ritmo y la complejidad de las fuerzas del cambio llamado global y de la tecnología son enormes e intimidantes. Pareciera que debemos prepararnos para la continuidad de sacudidas, choques y rupturas en la vida social de la humanidad. No faltará quien piense que todo ello no tiene nada que ver con un pequeño estado de un millón 777 mil habitantes -lo de los tres sietes es lo que arrojó el censo y nada tiene que ver con la lada de nuestra capital- . Pero, créase o no, el aislamiento hoy es impensable. Cuando uno ve a los tianguistas de Temixco o a los médicos que defienden su profesión tomando las calles, a las mujeres protestando porque se les ha agraviado al impedírseles decidir sobre su cuerpo, o a los estudiantes que no lograron ingresar a las universidades, uno puede suponer que, si se amalgaman las protestas, la bola puede crecer al contagio de lo que se ve en el mundo. De aquí a julio del año que viene, cuando renovaremos poderes, mucha agua correrá bajo del puente. 

La lección de las protestas del sábado pasado en todo el mundo van a afectar las discusiones  en las campañas y van a influir en las propuestas de los candidatos. Esas discusiones van a tomar muy rápido ritmo. Y allá Cordero con su impresión de que todo está bien y que hay que profundizar las medidas tomadas en estos años. Va a quedar orando solo en el desierto. Entre tanto, preparémonos a ver qué presupuesto nos deparan los legisladores federales y locales. Quizá más dinero para la seguridad y menos para el empleo y la educación. Como para indignarse.

Clases medias y deterioro social

A diferencia de lo que sucede en los países desarrollados,  en México, las familias de clase media han logrado ese status gracias al conjunto de ingresos que se acumulan en una familia, no sólo gracias a un ingreso individual o de pareja típicamente elevado que caracteriza a la clase media internacional, o más bien europea.

Hay países emergentes que han duplicado en los últimos 15 años a sus clases medias: Brasil, Chile, México mismo, y en breve, India. Una forma de medir esa condición tiene que ver con el ingreso y los bienes que se poseen, pero otra tiene que ver con ciertas actitudes. Quienes han estudiado estos temas consideran que quien reúna más de una de las siguientes características forma parte de ese segmento social: paga a plazos, tiene computadora, ha comprado un seguro, tiene acceso a internet, en su familia es el primero en  ir a la universidad, vive en una ciudad, ha viajado en avión, construyó un segundo piso, tiene coche, va al cine o es profesionista.  Una muestra adicional de que se ha expandido la clase media mexicana es el hecho de que 65% de la población, cuando menos una vez al año, ha viajado fuera de su ciudad o el hecho de que cada vez un menor número de mexicanos se identifica con un  partido político o, en otras palabras, que el cambio de preferencias políticas es un síntoma de crecimiento de la clase media: en 1989, 29% de la población no tenía identidad partidaria, en 2007, el 34.7%. Hay otros indicadores que se asocian a la pertenencia de ese segmento social, como, por ejemplo, el consumo per cápita de cárnicos o la utilización per cápita de servicios de salud privados. Desde luego que en todo esto hay matices, según la región del país o los segmentos de edad, pero es indudable que ha habido una expansión de ese segmento poblacional.

Desafortunadamente, también existe y es mayoritario el segmento de pobladores de México que viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Los contrastes crecen e irritan. El crecimiento de la criminalidad que hoy observamos está asociado a esas diferencias. Peor aún, la crisis del 2009, de la que todavía  no salimos, pese a las cifras alegres que presenta la autoridad, hizo crecer la informalidad y debilitó a la clase media que poco a poco fue perdiendo capacidad de compra e incluso empleo: los jóvenes egresados de las universidades, adicionalmente, no han logrado incorporarse al mercado de trabajo. Todo lo  anterior ha ampliado la posibilidad de brotes de violencia social distinta a la asociada al crimen organizado. 

La inestabilidad que ello pudiera provocar debe preocupar hondamente a quienes toman decisiones, pero también a quienes pregonan una mayor participación ciudadana que se entiende no como una vía para alcanzar el poder político, sino como una forma de contrarrestar sus yerros o corregir sus tendencias. Es decir, a través del poder ciudadano marcar la pauta, crear conciencia, protestar e ir articulando las demandas en propuestas concretas.  Por otro lado, es imprescindible que todos nos despojemos del lenguaje simplista o esquizofrénico, según el cual se dice una cosa y se hace otra. Las campañas que vienen y las precampañas que ya están y que han rebasado a las autoridades electorales que no saben cómo cubrir las apariencias son perlas del doble discurso. Que si la libertad de expresión, que no hay demandas específicas y por ende no se puede actuar, que si no hay recursos de vigilancia, etcétera, avizoran que ya en el proceso, igualmente, será difícil argumentar la legalidad y legitimidad de quienes triunfen. 

¿Supuesta o real llamada papal?

¿Habrá hablado el Papa desde Roma para presionar al gobierno mexicano, es decir, al presidente de la República para que éste influyera en la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a los derechos de la mujer para decir sobre su cuerpo? 

El obispo de Baja California Sur lo dijo y lo presumió, pero era de esperarse que la institución  Iglesia, es decir la alta jerarquía eclesiástica, dijera que no, que no hubo tal llamada.  La descarada por contradictoria posición de la magistrada Luna que en la discusión sobre el mismo tema en el caso del Distrito Federal había votado a favor, indicaría que sí hubo mano negra, o se diría santa, para que la votación mayoritaria perdiera frente a la minoritaria. No, no se me fue el “avión”, siete votaron por el proyecto que presentó el ministro Franco y que declaraba inconstitucional lo aprobado por el congreso de Baja California, y cuatro en contra, pero se requerían ocho votos y no se lograron. De haberse logrado, se hubieran tenido que echar atrás los cambios a las constituciones  locales que desde el poder se realizaron en varios estados, entre los cuales desde luego se encuentra Morelos. Desandamos pues un poco la historia y volvemos a dividir al país: como desgraciadamente sucede, las más afectadas serán las mujeres de escasos recursos que, ante la eventualidad de tener necesidad de abortar, pondrán en riesgo su salud, su vida y su depauperada economía. Pero no sólo eso: se les acusará de criminales y hasta la cárcel podrán ir, como ya hay algunos casos en otras entidades. 

Creo que el problema estriba en mezclar temas religiosos con temas legales. Todo el mundo está de acuerdo en proteger la vida prenatal; las reformas que se hicieron en los estados  si bien fueron suscritas por diputados de todos los partidos, fueron cabildeadas por uno que, curiosamente, reaccionó al unísono -raro, ¿no?-  en todo el país en contra de las modificaciones al código penal en el DF, que bajo ciertas circunstancias permite el aborto antes de las doce semanas de gestación. (Por cierto, debe tenerse presente que en los países europeos, en Australia, en Canadá, y en la Organización Mundial de la Salud (OMS) el aborto se permite incluso antes de 20 semanas de embarazo.)  Muchas de las reformas constitucionales en los estados se aprobaron sin discusión, e incluso algunas se votaron a las tres de la mañana, es decir se trató de una operación política. 

Mi impresión, para empezar, es que en esta discusión hay quienes confunden  el embrión con el nacido, y que en consecuencia al primero hay que  protegérsele igual aún cuando esté en peligro la vida de la mujer o la protección pase por encima de su derecho de decidir sobre su cuerpo. El tema divide por las consideraciones religiosas en las que se ha incurrido. Debiera discutirse en la perspectiva de un problema de salud y no de un dogma de fe. El país está muy fragmentado y las instituciones son débiles; sería muy triste que a nuestros males les añadamos una falsa discusión que divide y que nos remonta al siglo XIX. Para colmo de nuestros males, el tema se agenda en la discusión pública justo cuando se inicia el proceso electoral del 2012, que no estará exento de golpeteos y en los que estará más difícil que el Papa Benedicto intervenga. Por lo pronto, y como curiosidad intelectual,  vale la pena recuperar las posiciones de los ministros en torno a este tema cuando menos para ilustrarnos. Recomiendo de manera especial la de la ministra Olga Sánchez Cordero, que arroja  enorme luz desde una perspectiva diferente.