¿Habrá hablado el Papa desde Roma para presionar al gobierno mexicano, es decir, al presidente de la República para que éste influyera en la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a los derechos de la mujer para decir sobre su cuerpo?
El obispo de Baja California Sur lo dijo y lo presumió, pero era de esperarse que la institución Iglesia, es decir la alta jerarquía eclesiástica, dijera que no, que no hubo tal llamada. La descarada por contradictoria posición de la magistrada Luna que en la discusión sobre el mismo tema en el caso del Distrito Federal había votado a favor, indicaría que sí hubo mano negra, o se diría santa, para que la votación mayoritaria perdiera frente a la minoritaria. No, no se me fue el “avión”, siete votaron por el proyecto que presentó el ministro Franco y que declaraba inconstitucional lo aprobado por el congreso de Baja California, y cuatro en contra, pero se requerían ocho votos y no se lograron. De haberse logrado, se hubieran tenido que echar atrás los cambios a las constituciones locales que desde el poder se realizaron en varios estados, entre los cuales desde luego se encuentra Morelos. Desandamos pues un poco la historia y volvemos a dividir al país: como desgraciadamente sucede, las más afectadas serán las mujeres de escasos recursos que, ante la eventualidad de tener necesidad de abortar, pondrán en riesgo su salud, su vida y su depauperada economía. Pero no sólo eso: se les acusará de criminales y hasta la cárcel podrán ir, como ya hay algunos casos en otras entidades.
Creo que el problema estriba en mezclar temas religiosos con temas legales. Todo el mundo está de acuerdo en proteger la vida prenatal; las reformas que se hicieron en los estados si bien fueron suscritas por diputados de todos los partidos, fueron cabildeadas por uno que, curiosamente, reaccionó al unísono -raro, ¿no?- en todo el país en contra de las modificaciones al código penal en el DF, que bajo ciertas circunstancias permite el aborto antes de las doce semanas de gestación. (Por cierto, debe tenerse presente que en los países europeos, en Australia, en Canadá, y en la Organización Mundial de la Salud (OMS) el aborto se permite incluso antes de 20 semanas de embarazo.) Muchas de las reformas constitucionales en los estados se aprobaron sin discusión, e incluso algunas se votaron a las tres de la mañana, es decir se trató de una operación política.
Mi impresión, para empezar, es que en esta discusión hay quienes confunden el embrión con el nacido, y que en consecuencia al primero hay que protegérsele igual aún cuando esté en peligro la vida de la mujer o la protección pase por encima de su derecho de decidir sobre su cuerpo. El tema divide por las consideraciones religiosas en las que se ha incurrido. Debiera discutirse en la perspectiva de un problema de salud y no de un dogma de fe. El país está muy fragmentado y las instituciones son débiles; sería muy triste que a nuestros males les añadamos una falsa discusión que divide y que nos remonta al siglo XIX. Para colmo de nuestros males, el tema se agenda en la discusión pública justo cuando se inicia el proceso electoral del 2012, que no estará exento de golpeteos y en los que estará más difícil que el Papa Benedicto intervenga. Por lo pronto, y como curiosidad intelectual, vale la pena recuperar las posiciones de los ministros en torno a este tema cuando menos para ilustrarnos. Recomiendo de manera especial la de la ministra Olga Sánchez Cordero, que arroja enorme luz desde una perspectiva diferente.
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